Alberto José Bracho Rozquez

01Hechos no controvertidos según fuentes independientes

Las siguientes circunstancias están documentadas por organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales (Foro Penal, Provea, Acceso a la Justicia, Suprema Injusticia, Human Rights Watch, Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela), y constan en declaraciones del propio Bracho ante el tribunal de juicio:

• Detenido el 5 de agosto de 2018 a las ~02:30 a.m. en una alcabala de la PNB en la autopista hacia Barinas — NO en el sitio del hecho, NO en flagrancia, sin orden judicial.
• Desaparecido durante 45 días sin presentación ante autoridad judicial ni notificación a la familia.
• Recluido durante casi un año en sótanos del DGCIM Boleíta Norte — instalación militar — siendo civil.
• Tortura denunciada en juicio oral: encapuchamiento, descargas eléctricas en testículos, desprendimiento de uñas, fractura de dos costillas y rotura del tabique nasal.
• La tortura fue descrita ocurriendo en presencia del Fiscal del caso, Farik Karin Mora Salcedo (declaración propia y de otros 4 condenados, registrada en la audiencia del 24 de mayo de 2024).
• Comunicación familiar y telefónica suspendida por el Coronel Hannover Guerrero.
• Defensor designado le aconsejó declararse culpable por considerar que 'el régimen ya lo había señalado públicamente'. Defensa técnica posterior NO interpuso recurso de casación a su nombre.
• Trasladado a la Cárcel de Yare III en agosto 2019, lejos de su familia en Maracaibo, Zulia.

Cuando me quitan la capucha al primero que veo es a este señor Farik (refiriéndose al fiscal Farik Karin Mora Salcedo).

02Estructura de violaciones constitucionales y convencionales

A. Juez natural — Art. 49.4 CRBV · Art. 8.1 CADH · Art. 14.1 PIDCP

El Tribunal Primero de Juicio con Competencia en Casos de Terrorismo a Nivel Nacional y la Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones que lo conocieron, fueron creados por la Resolución TSJ-Sala Plena Nº 2012-0026 del 17/10/2012, publicada en G.O. 40.092 del 17/01/2013 — es decir, por una resolución administrativa del propio TSJ, no por ley orgánica. Esto viola la reserva legal del art. 156.32 CRBV (legislar sobre la organización de los tribunales es competencia del Legislativo Nacional) y el art. 261 CRBV. El principio del juez natural exige un tribunal pre-establecido por ley, independiente, imparcial, identificado, idóneo y preexistente al hecho (Sala Constitucional, sentencias 169/08-02-2006 y 1939/18-12-2008).

B. Detención sin flagrancia ni orden judicial — Art. 44.1 CRBV · Art. 7.2-3 CADH

Bracho fue detenido al día siguiente del hecho, en una alcabala de la PNB, en una autopista, sin orden judicial. No concurre ninguno de los supuestos del art. 234 COPP (flagrancia, cuasi-flagrancia o presunción de flagrancia). La detención inicial es nula de pleno derecho y contamina toda la cadena procesal subsiguiente.

C. Desaparición forzada por 45 días — Art. 45 CRBV · Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada

El lapso máximo de 48 horas para presentar al detenido ante el juez (art. 44.2 CRBV) fue violado en más de 22 veces. La Corte Interamericana ha calificado este patrón como desaparición forzada transitoria (Anzualdo Castro v. Perú, 2009; Heliodoro Portugal v. Panamá, 2008). Genera responsabilidad internacional del Estado y nulidad de toda actuación posterior.

D. Prueba obtenida bajo tortura — Art. 49.1 in fine CRBV · Art. 181 COPP · Art. 15 CCT · Art. 10 CIPST

El art. 49.1 CRBV cierra de manera categórica: 'La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza'. Toda declaración, identificación, reconocimiento o señalamiento obtenido bajo tortura es nulo de nulidad absoluta (art. 174 + 175 COPP) y debe ser excluido. El tribunal de juicio omitió ordenar investigación tras la denuncia hecha en audiencia pública — esa omisión es nulidad sobrevenida.

E. Defensa técnica ineficaz / abandono defensorial — Art. 49.1 CRBV · Art. 8.2.d-e CADH

El defensor que aconseja autoinculpación al principio del proceso, sin investigación independiente y en un caso con pena máxima, viola el estándar Strickland v. Washington (incorporable vía control de convencionalidad — caso Ruano Torres v. El Salvador, CrIDH 2015). La ausencia total de recurso de casación a nombre de Bracho confirmada por la Sentencia 682/2024 del TSJ es prueba documental del abandono defensorial.

F. Presunción de inocencia y juicio mediático — Art. 49.2 CRBV · Art. 8.2 CADH

Maduro, el Fiscal General Tarek William Saab y otros altos funcionarios identificaron a Bracho como autor antes del juicio en cadenas nacionales televisadas (VTV) y ruedas de prensa. La Corte Interamericana ha condenado este patrón en Cantoral Benavides v. Perú (2000) y Lori Berenson v. Perú (2004).

G. Plazo razonable y retardo procesal — Art. 26 CRBV · Art. 8.1 CADH

Detención: 05/08/2018. Sentencia 1ª instancia: 02/08/2022 (publicada 17/02/2023). Apelación: 21/03/2024. Casación: 05/12/2024. Total: 6 años y 4 meses entre detención y casación, con períodos prolongados de inactividad procesal. Viola el plazo razonable según la jurisprudencia consolidada de la CrIDH (Suárez Rosero v. Ecuador, 1997; López Álvarez v. Honduras, 2006).

H. Recalificación selectiva por motivo del fuero — Art. 21 CRBV (igualdad)

Durante el juicio, el delito de Traición a la Patria fue cambiado por Conspiración para los militares (penas más leves) pero mantenido para civiles como Bracho. Trato desigual sin justificación objetiva, en violación de la garantía de igualdad ante la ley.

03Precedentes locales: cuándo el TSJ ha anulado o liberado

La base de datos local de tuvzla.com contiene 435.000+ decisiones del TSJ. La búsqueda sistemática identifica precedentes recientes en los que la propia Sala de Casación Penal ha anulado de oficio sentencias condenatorias en casos de jurisdicción especial (terrorismo / militar) por vicios análogos. Estos precedentes son munición técnica para la Solicitud de Revisión Constitucional y la futura petición CIDH:

04Co-condenados y co-acusados en el mismo expediente

El expediente del caso del dron condenó a 17 personas con penas de 5 a 30 años. Importante para la estrategia: Juan Requesens (8 años) fue liberado en octubre de 2023 como parte de las negociaciones EE.UU.-Venezuela tras el Acuerdo de Barbados. Esto demuestra que la negociación humanitaria es ruta viable. Otros co-condenados a 30 años permanecen presos junto a Bracho.

05Estrategia procesal: escalera de remedios

Nivel 1 — Interno venezolano (residual, baja probabilidad)

1. Solicitud de Revisión Constitucional ante la Sala Constitucional del TSJ (art. 336.10 CRBV + art. 25.10 LOTSJ): atacar Sentencia 682/2024 y, por extensión, la condena de instancia, por violación al juez natural, prueba obtenida bajo tortura, desaparición forzada, defensa técnica ineficaz y juicio mediático.
2. Solicitud de Avocamiento ante la propia Sala de Casación Penal (art. 31.1 LOTSJ): pedir que la Sala se avoque de oficio al expediente, decrete la nulidad absoluta y reponga la causa, siguiendo precedentes Sala Penal 098/2021 (Marín Chaparro) y 317/2010 (Del Valle Alliegro).
3. Acción de Amparo Constitucional posterior a la condena (art. 27 CRBV + LOASGC): cesar el régimen de aislamiento y privación de visitas; garantizar atención médica; traslado a centro penitenciario en Zulia.
4. Denuncia penal contra el Fiscal Farik Karin Mora Salcedo, el Cnel. Hannover Guerrero y agentes DGCIM Boleíta Norte por los delitos de Tortura (art. 181-A CP), Trato Cruel y Privación Ilegítima de Libertad.

Nivel 2 — Sistema Interamericano (alta probabilidad documental)

1. Petición individual ante la CIDH con solicitud de Medida Cautelar urgente (art. 25 Reglamento CIDH): cese de aislamiento, evaluación médica independiente, prohibición de represalias. Plazo de 6 meses desde notificación de Sent. 682/2024 — gestión urgente.
2. Para el fondo: violación de los arts. 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 25 (protección judicial) y 1.1 ACHR. Aunque Venezuela denunció la ACHR (efectivo 09/2013), la CIDH retiene competencia bajo la Carta de OEA y la Declaración Americana.
3. Si el Estado no cumple medidas cautelares: solicitud de medidas provisionales ante la Corte IDH (vía art. 63.2 ACHR para hechos preexistentes a la denuncia y para Estados aún sometidos por casos en trámite).

Nivel 3 — Sistema Universal ONU (alta probabilidad)

1. Petición individual ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (WGAD): invocar Categorías II (sin base legal), III (violaciones graves al debido proceso) y V (discriminación por opinión política).
2. Comunicación a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM-Venezuela, mandato renovado oct/2024 por 2 años): aportar el caso como evidencia paradigmática del patrón DGCIM-tortura-tribunales especiales-condenas masivas.
3. Comunicación urgente al Relator Especial sobre Tortura (Communication Procedure).
4. Comunicación al Relator Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados (sobre tribunales especiales y abandono defensorial).

Nivel 4 — Penal Internacional (largo plazo, valor estratégico)

1. Comunicación adicional al Caso Venezuela I ante la Fiscalía de la CPI (art. 15 ER): la investigación formal se abrió el 03/11/2021. Caso Bracho encaja con los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento, tortura y persecución política (art. 7 ER). Coordinación con organizaciones legitimadas: CASLA Institute, Foro Penal, Human Rights Foundation.

Nivel 5 — Negociación humanitaria (vía con mayor probabilidad real de salida)

El precedente reciente más importante es la liberación del coacusado Juan Requesens el 18 de octubre de 2023, en el marco del Acuerdo de Barbados y del intercambio EE.UU.-Venezuela por Alex Saab. Subsecuentemente, al menos 59 presos políticos fueron excarcelados hacia julio de 2025, y otros 35 el 8 de febrero de 2026. La inclusión de Bracho en la lista de canjes humanitarios — con su caso ya documentado internacionalmente como detención arbitraria — es el escenario con mayor probabilidad real de excarcelación.

06Plan de acción: primeros 60 días

07Probabilidad agregada de cada vía

08Descargas · Expediente integral en PDF

El expediente completo está disponible para descarga en PDF (formato carta, listo para imprimir, firmar y consignar). Cada pieza también está disponible individualmente para uso modular: enviar la petición CIDH a CEJIL sin el resto del expediente, o enviar solo la carta a Foro Penal al Dr. Romero, etc. Todos los documentos están bajo licencia abierta para uso de la defensa, ONGs aliadas y organismos internacionales.

Expediente completo

• 📕 Expediente-Completo.pdf — todo en un archivo↓ PDF

  117 págs · 1,8 MB

Dossiers narrativos

• Dossier — Español↓ PDF

  14 págs · 428 KB

• Dossier — English↓ PDF

  15 págs · 429 KB

Petitorios formales (listos para firma)

• 01 · Solicitud de Revisión Constitucional ante el TSJ↓ PDF

  12 págs

• 02 · Petición CIDH + Medida Cautelar — Español↓ PDF

  10 págs

• 03 · IACHR Petition + Precautionary Measures — English↓ PDF

  10 págs

Cartas de co-patrocinio a ONGs

• 04 · Foro Penal (Alfredo Romero)↓ PDF

  4 págs

• 05 · Provea↓ PDF

  3 págs

• 06 · CEPAZ↓ PDF

  3 págs

• 07 · CEJIL (bilingüe)↓ PDF

  4 págs

• 08 · Robert F. Kennedy Human Rights↓ PDF

  4 págs

• 09 · CASLA Institute (ICC)↓ PDF

  4 págs

• 10 · Human Rights Foundation↓ PDF

  3 págs

Anexos de soporte

• 11 · Anexo · Abogados de referencia (ES)↓ PDF

  6 págs

• 12 · Annex · Reference attorney roster (EN)↓ PDF

  6 págs

• 13 · Anexo · Sentencias TSJ — extractos de las 12 decisiones↓ PDF

  31 págs

09Abogados de referencia para construir el equipo de defensa

TIER 1 · Defensores que ya intervinieron en el expediente del Drone Caracas

Los 6 abogados que recurrieron en casación a nombre de los otros co-condenados, según consta en la TSJ Sent. 682 del 5 de diciembre de 2024. Conocen el expediente, los magistrados ponentes y la jurisprudencia aplicada. CAVEAT documental: el cruce algorítmico estricto de cada nombre con su número de Inpreabogado en otros expedientes del TSJ devuelve cero apariciones — lo que sugiere que pueden ser defensores públicos o privados con poca práctica regular ante la Sala Penal, asignados por afinidad y no por experticia técnica acumulada.

TIER 2 · Constitucionalistas y penalistas con récord en defensa política (corpus TSJ + conocimiento público)

Ranqueado por apariciones documentadas en el corpus TSJ con mención simultánea de contexto defensivo. Los nombres aquí cumplen con perfil técnico para la Solicitud de Revisión Constitucional ante la Sala Constitucional del TSJ y/o para integrar el equipo de litigio ante el sistema interamericano.

TIER 3 · Penalistas con récord medible en Sala de Casación Penal y Sala Constitucional (extracción algorítmica)

Abogados con múltiples casos en Salas Penal y Constitucional del TSJ y ratio favorable de decisiones positivas (CON LUGAR / nulidad / sobreseimiento) sobre negativas (SIN LUGAR / desestimadas). Menos famosos, pero con número objetivo de victorias contables.

TIER 4 · Soporte internacional / CPI / Sistema interamericano

Equipo de defensa recomendado (3-4 personas)

1. CABEZA LOCAL EN CARACAS (firma escritos en TSJ): Juan Carlos Gutiérrez como 1ra opción (volumen y trayectoria) o Joel Antonio García Hernández (Tier 1, ya conoce el expediente). Backup: Theresly Malavé.
2. CONSTITUCIONALISTA DE RESPALDO DOCTRINAL (firma como segundo/asesor): Carlos Ayala Corao — su nombre en la solicitud de revisión + en la petición CIDH le da peso académico e internacional inmediato. Alternativa: José Vicente Haro o Antonio Canova González.
3. COORDINADOR INSTITUCIONAL (red, recursos, visibilidad): Alfredo Romero o Gonzalo Himiob (Foro Penal) — gestionan acceso a la familia en Maracaibo, evaluación médica, comunicación con CIDH y monitoreo internacional.
4. SOPORTE INTERNACIONAL SIMULTÁNEO: CEJIL + Tamara Sujú/CASLA Institute + RFK Human Rights + Human Rights Foundation. Las 7 cartas de co-patrocinio con propuesta específica para cada uno ya están redactadas en este expediente.

10Siguientes pasos por decidir

1. ¿Hay contacto con la familia o con un abogado venezolano que pueda firmar y presentar la Revisión Constitucional + Amparo? Sin abogado en Caracas, la acción se queda en el plano internacional.
2. ¿Se prepara primero el draft del escrito de Solicitud de Revisión Constitucional (12-15 páginas, completo y listo para firma) o el draft de la petición CIDH con MC (más urgente por plazo de 6 meses desde la Sentencia 682/2024)?
3. ¿Buscamos contacto con Foro Penal, Provea, CEPAZ, CASLA Institute para co-patrocinar internacionalmente?
4. ¿Se extraen también las 7 sentencias restantes del lote E18-205→E18-213 + Sent. 247/E18-206 y la sentencia de casación 682/2024 completa para alimentar el escrito?